Con cierto asombro hemos conocido el contenido del nuevo Estatuto de los Trabajadores que propugna el ejecutivo y que únicamente tiene finalidad refundista y de adaptación lingüista a la normativa vigente y a la realidad socio-laboral.
Perseverante en su objetivo de flexibilización de las relaciones laborales se había mantenido nuestro Gobierno con cada una de las disposiciones legales que emitía, sobre todo con la irrupción del Real Decreto legislativo 3/2012 conocido como “reforma laboral” y que muchos de nuestros Tribunales han apaciguado a base de constantes golpes en forma de Sentencias.
En este contexto y tras el estrecho cerco temporal del que dispone a la luz de la Ley 20/2014-que finaliza el próximo 31 de Octubre de 2015- el ejecutivo se ha puesto manos a la obra en la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Ha consultado con los agentes sociales en el plazo mínimo de 7 días previsto en la Ley del Gobierno, con los reproches de insuficiencia temporal que conlleva abordar el análisis de la norma básica que regula nuestras relaciones laborales.
Sus líneas maestras, las conocimos este pasado 28 de Julio de 2015, tras el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social de España, cuya lectura recomendamos a mero título informativo. Es parco y lineal. De él, se resalta el nuevo tratamiento dado al trabajo de menores, entendiendo que se debería mantener la actual referencia al procedimiento de declaración por el Gobierno de no realización por éstos de trabajos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos para la salud o la formación profesional y humana de los menores; la obligación de impartir formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, o la paralización de la actividad por decisión mayoritaria de los representantes de los trabajadores en el supuesto de riesgo grave e inminente.
Quizás la inversión temporal en la reformulación de nuestro articulado prevea más tiempo del que se dispone, quizás las demandas europeas de más reformas no hayan sido escuchadas, quizás nuestro gobierno sea consciente de que el modelo priorizado en la reforma laboral está comenzando a emitir sus frutos, quizás nuestros tribunales hayan frenado un intento de mayor flexibilización o quizás, tengamos cerca unas elecciones generales. Lo que está claro es que su contenido no opera grandes reformas jurídicas, buscando válidamente homogeneizar en un solo texto legal todas las disposiciones de igual rango que a partir de 1995 han venido a modificar o extender su regulación, intentando evitar la dispersión normativa y reforzando así su seguridad jurídica y asequibilidad.
En cuanto a su adaptación lingüista, el nuevo texto se centra en reformular muchas de las expresiones adaptándolas a la actualidad, como el paso de “trabajadores minusválidos” a “trabajadores con discapacidad”; de “jurisdicción competente” a “jurisdicción social”; de “seguridad e higiene” a “seguridad y salud”; de “estado de enfermedad o accidente” a “estado de salud”; de “trabajador excedente” a “excedencia voluntaria”; suprimiendo además, como causas de suspensión del contrato de trabajo el servicio militar y la prestación social sustitutoria, entre otras.
Pese a su aprobación y publicación antes de la citada fecha, el próximo 20 de Diciembre de 2015 puede cambiar todo, y es que con el título “Hay que aprovechar la mejora del entorno económico para crear condiciones justas” el pasado 1 de Mayo de 2015, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, emitió un comunicado donde se establecían sus líneas maestras para cambiar el Estatuto de los Trabajadores en caso de alcanzar la presidencia.
Persiguiendo girar de nuevo hacia un modelo “inflexible” para la patronal, defiende acabar con la figura de los falsos autónomos y becarios; crear únicamente tres modelos de contrato (contrato indefinido, contrato temporal y contrato de relevo y para la formación);aumentar el salario mínimo, vinculando los salarios a la productividad y, finalmente, recuperar la fortaleza de la negociación colectiva.
Parece ser, que la rivalidad política ha envuelto a nuestro Estatuto de los Trabajadores, por lo que habrá que esperar a que las urnas hablen para conocer cuál será el modelo definitivo que presidirá la norma básica que regula las relaciones laborales en nuestro país.
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