ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL: ESTAFA EN ALQUILER DE VIVIENDAS

estafa en alquiler de viviendas

Área de Derecho Penal de DOMINGO MONFORTE Abogados

Analizamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2024 que confirma la de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a la acusada como cooperadora necesaria de un delito de estafa agravada del artículo 250.1 del Código Penal a la pena de 18 meses de prisión por un alquiler de una vivienda que no era real publicada a través de internet.

El denunciante buscaba con urgencia una vivienda en alquiler y contactó con un anunciante del portal de internet ‘Mil anuncios’ que publicaba el alquiler de una vivienda a un precio económico. El anunciante, tras los primeros contactos, realizó una transferencia de 750 euros como fianza para el alquiler a la cuenta bancaria designada por el anunciante. Tras dicho pago ya no pudo volver a contactar con aquel ni pudo formalizar alquiler alguno, perdiendo la cantidad transferida.

La sentencia condena a la acusada como cooperadora necesaria por el hecho de ser la titular de la cuenta bancaria destinataria del dinero transferido por el denunciante y que nunca le devolvió. Según la sentencia, “facilitar la cuenta corriente a un tercero a sabiendas de que la finalidad no es lícita integra la participación como autor mediato”. Pero lo más interesante de la sentencia es la consideración del hecho como estafa agravada del artículo 250.1-1º por recaer sobre cosas de primera necesidad como la vivienda.

Así señala expresamente:“…la recurrente que ha participado en la estafa dirigida al aprovechamiento de la necesidad de vivienda que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles en un contexto de elevación de precios en el mercado de alquiler, por lo que es reprochable desde el punto de vista penal la realización de ofertas en internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene en alquiler la persona que lo ofrece por internet , ni tiene disponibilidad sobre el mismo, por lo que ese aprovechamiento en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda integra una estafa agravada, y, como decimos, reprochable por el aprovechamiento que existe en quienes así actúan por medio de internet , u otros foros, de oferta de pisos en alquiler para conseguir un enriquecimiento patrimonial y un perjuicio a personas que demandan un inmueble en alquiler a un precio asequible”.

El tipo penal previsto en el artículo 250.1-1º pretende dar una mayor protección a aquellas estafas como la analizada en esta sentencia, protegiendo los supuestos que recaen sobre bienes de primera necesidad como las viviendas “cuando la defraudación recaiga sobre viviendas que se destinen a su uso propio, como lugar de residencia, donde puede establecer su domicilio, pues estas son la únicas que pueden ser consideradas de primera necesidad».

El engaño propio de la estafa está en tratar de conseguir un beneficio económico de alguien que está necesitado en conseguir “una vivienda para vivir por carecer de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa de personas que ofrecen inmuebles en alquiler que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa”.

También añade como elemento agravante del hecho la utilización de un medio como internet que permite una amplia difusión “del falso alquiler con falsas identificaciones y con el aprovechamiento del ámbito de necesidad que provoca hoy en día la búsqueda de vivienda, dados los precios que existen y se manejan, tanto en la compra de vivienda como la de alquiler”. Y es que la necesidad provoca un descenso de las medidas de autoprotección y un exceso de confianza en la oferta.

Concluye la sentencia que “el tensionado mercado de vivienda en alquiler propicia el aumento de las ciberestafas” y así, “los autores y cooperadores de estas estafas inmobiliarias se aprovechan de la delicada situación de muchas personas, que ven complicado encontrar una casa en la que vivir, para engañarles, lo que en muchos casos supone agravar la ya de por sí vulnerable posición de las víctimas, haciéndoles más vulnerables aún”.

 

Consulta Online