Yolanda discapacidad y discapacitados en tiempos Coronavirus

Publicado en Las Provincias

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen algo en común: en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas. Una protección especial que se justifica por su propia situación de discapacidad y por la pervivencia de barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.

El primer paso es combatir la discriminación. Y para ello, no sólo importa cambiar el entorno construido, normas de convivencia y servicios. Hay que ir un paso más allá y trabajar para cambiar las mentes, la conciencia del ser humano,  y evitar así el rechazo social.

Muchas personas con discapacidad son, a menudo, objeto de burlas, insultos. Se las mira como a un bicho raro o, simplemente, no se les mira, se les ignora. Esta discriminación “social afectiva” es percibida más por su entorno, por su familia,  que por ellas mismas.  Y está presente prácticamente en todas las actividades de la vida diaria marcadas por un halo de sufrimiento, a mi modo de ver, inaceptable.

Las personas con discapacidad reclaman un trato más respetuoso; ello no se traduce siempre en demandar más atención o más recursos, sino en ser con ellos más normales y menos solidarios.  Sólo necesitan ser tratados como las demás personas. No les beneficia ni la discriminación (rechazo, barreras) ni la sobreprotección porque en ambos casos, parece que se les trata como tontos, como incapaces cuando simplemente tienen capacidades diferentes.

 Pero cambiar la conciencia social es un proceso largo que debe empezar por derribar, con la ley en la mano, las barreras que impiden la plena integración de las personas con discapacidad.

El 2003 fue el Año Europeo de las Personas con discapacidad. Han pasado 12 años desde entonces y se han dado pasos importantes. Hoy, los discapacitados disfrutan de una mayor protección y garantía de sus derechos por dos razones: existe una mayor conciencia social de su situación y además las personas con discapacidad conocen mejor sus derechos.

Ocio para todos

Pero, lamentablemente, todavía existen situaciones de discriminación en ámbitos tan importantes como la accesibilidad, la educación, el empleo, la sanidad, incluso en el  ocio  que, parece un tema menor pero no lo es en absoluto. El ocio ayuda de manera importantísima a la integración social. Es una oportunidad de compartir experiencias, de divertirse….un derecho que todos deberíamos tener sin excepción y que, sin embargo, muchas veces todavía se les niega a las personas con discapacidad. En ocasiones, molestan. Y sólo pueden participar en el ocio que se diseña a la medida de su discapacidad, con personas que viven parecidas circunstancias. Su ocio queda así reducido, limitado, lo que supone un trato discriminatorio e indignante.

Educación inclusiva

Otro factor de discriminación está en el ámbito educativo. Se ven obligados a seguir un régimen educativo especial, sin la posibilidad de acceder a la enseñanza ordinaria. La educación inclusiva, donde se potencia el respeto a la diversidad y la accesibilidad debería ser hoy el eje de las políticas públicas de discapacidad;  pues forma parte,  como algo necesario, del propio ejercicio  de los derechos humanos fundamentales.

La educación en todos sus niveles, sufre hoy una gran falta de recursos, de medios y en ocasiones de  verdaderos profesionales con vocación. Existe una integración teórica. Pero, en la práctica, muchos niños con diversidad funcional, que deberían recibir una educación inclusiva en colegios ordinarios son desviados a centros de educación especial. Se anuncian programas de integración para que estos niños puedan estudiar junto al resto de compañeros en absoluta normalidad… pero la realidad es otra y los padres se encuentran solos y desconcertados ante esta situación.

Un entorno laboral protegido

Otro tanto ocurre cuando las personas con discapacidad intentan acceder al mercado laboral. Hay políticas sociales que facilitan su integración, que les ayudan a adaptarse. Pero se olvidan aspectos muy importantes que dependen más de la conciencia social de sus jefes y compañeros que de las leyes: se les encarga las peores tareas, no se les da el tiempo que necesitan para realizarlas, se les exige mucho, se les paga poco…etc.

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos. Esta ley refunde, aclara y armoniza en un único texto, las principales leyes en materia de discapacidad.

La norma recoge una serie de definiciones, incluidas las de discriminación directa, indirecta, por asociación y acoso, y refuerza la consideración especial de discriminación múltiple. Se rige por los principios derespeto a la dignidad, a la vida independiente, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, diálogo civil y transversalidad de las políticas. Se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones, y se protege de manera singular a las niñas, los niños y las mujeres con algún tipo de discapacidad.

Tenemos los mecanismos legales que necesitamos, pero está en nuestras manos, en las manos de todos, que estas normas no queden en papel mojado. Dijo Scott Hamilton: “la única discapacidad en la vida es una mala actitud”. Cambiemos nuestra actitud y tumbaremos  barreras.