elcorreo.com / 18-07-2012
El Tribunal Supremo ha confirmado los 54 años de prisión impuestos por la Audiencia Nacional al miembro de ETA Luis Enrique Garate Galarza por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua. En el operativo policial para liberar al empresario resultó muerto un mando de la Ertzaintza.
La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por el preso que alegaba no haber sido el autor de los disparos que provocaron la muerte del agente. No obstante, el tribunal advierte que cada disparo efectuado por los secuestradores era fruto de la decisión por todos ellos compartidas y que la presencia de cada uno con disponibilidad del armamento era determinante para todos ellos asumieran las acciones ejecutadas.
«Por eso a todos ellos es imputable objetivamente el resultado producido, dispararan o no y fueran o no los autores del concreto disparo que causa el fatal resultado», añade.
Según ha quedado demostrado, Luis Enrique Garate Galarza, junto con Fransciso Antonio Cabello Perez y Juan María Gabirondo Agoste recibieron órdenes de ETA de secuestrar al industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua.
A finales de septiembre de 1986 los tres pasaron clandestinamente a España para habilitar el lugar en el que mantendrían secuestrada a la víctima, una cueva denominada ‘Zubizabal’ del monte Eguzki-Ola de Zeanuri (Bizkaia).
El 15 de octubre de 1986 se dirigieron a buscar a la víctima, que había acudido con otras personas al frontón de Mendizorroza de Vitoria. A la salida del mismo, cuando se separó de sus acompañantes fue abordado de forma violenta e introducido en un coche robado previamente para llevarlo a la cueva donde permaneció secuestrado hasta el 2 de noviembre.
Fue un agente de la Ertzaintza quien paseando por las proximidades de la cavidad se percató de que había una losa sospechosa y avisó a sus superiores. El dispositivo policial se encontró en la zona con los tres secuestradores que lanzaron ráfagas de metralleta de manera indiscriminada, así como disparos. Dos de ellos alcanzaron a Genaro García Andoian, uno de los responsables políticos de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, lo que le causó la muerte casi instantánea, mientras que otro dos agentes resultaron heridos.
La Ertzaintza descubrió varios zulos con armas, explosivos y numerosa información sobre empresarios alaveses, militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Audiencia Nacional condenó a Garate Galarza a más de 54 años de prisión por los delitos de pertenencia a banda terrorista, detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos de atentado con resultado de muerte y lesiones, utilización ilegítima de vehículo a motor ajeno y falsificación de documento oficial y de identidad. Asimismo se le condenaba a indemnizar a los familiares de la víctima con 300.000 euros y con 30.050 euros al empresario secuestrado.
Consulta Online