Las prostitutas: ¿Trabajadoras o víctimas?

Las prostitutas ¿ Son trabajadoras?

Una sentencia del Juzgado Social de Barcelona considera que sí. El Magistrado estima una petición de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la propietaria de un centro de masajes eróticos y tres de sus “empleadas” y concluye que, entre ellas, existía una “relación laboral”. Ha quedado probado que la empresaria proporcionaba los clientes, gestionaba los pagos y organizaba los horarios de trabajo de las meretrices. Y ellas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada la prostitución.

Contra esta sentencia cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero, de momento, abre la puerta a que las prostitutas puedan reclamar por vía judicial sus derechos como trabajadoras, su derecho a tener un contrato con alta en la seguridad social y por tanto, su derecho a disfrutar, en su caso, de bajas por enfermedad o su derecho a cobrar la prestación por desempleo.

Pero más allá de esto, la sentencia abre otra puerta, la del debate jurídico/moral sobre la regulación de la prostitución.

El limbo alegal de la prostitución en España.

En España la prostitución no está ni autorizada ni prohibida, de manera que todos los implicados en este negocio, que mueve millones de euros, se benefician de las lagunas legales.

Nuestro modelo es el llamado en Europa Abolicionismo: la prostitución tanto en la calle como en lugares cerrados no está prohibida. El Estado la tolera, no interviene en su regulación. Y si es ejercida por personas adultas libremente, no se castiga. Sin embargo, si se persigue al proxeneta. El Código Penal dedica el artículo V del título VIII a estos delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores y estipula “el que introduzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multas de doce a veinticuatro meses”.

La prostituta como víctima: una mirada al modelo nórdico

Volvamos a la sentencia que da pie a este artículo. En ella el juez insta al Estado a adoptar el denominado “modelo nórdico”. En él se penaliza como delito la compra de servicios sexuales, no a las personas que ejercen la prostitución.

Tiene su origen en Suecia. Allí se considera que la prostituta es una “víctima” y, por tanto, no se le criminaliza, al contrario, al amparo de la ley recibe una asistencia integral del Estado.

La ley sueca se fundamenta en la idea de que “si no hubiera demanda no habría oferta”.  Y como consecuencia de su aplicación,  se ha conseguido disminuir en el país  la prostitución y la trata de personas en comparación con los países vecinos. 15 años después de su aprobación, la población está más sensibilizada y los jóvenes rechazan mayoritariamente la prostitución.

Este modelo demuestra que las medidas legales contra la prostitución sí son necesarias para erradicarla, entre otras razones, porque es difícil diferenciar entre prostitución libre o forzada.

En España y como reza la citada sentencia “la actual situación de alegalidad y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena para la mayoría de las mujeres que la ejercen”.

En conclusión, y respondiendo a la pregunta que encabeza estas reflexiones, la prostituta es, a nuestro parecer por encima de todo víctima pero también trabajadora. El Estado armado con las leyes debe declarar la guerra a la prostitución, perseguir al proxeneta pero también al que paga por un servicio sexual que atenta contra la dignidad de la mujer, de la persona, aunque ejerza la prostitución libremente.

Y mientras se gana esta guerra que seguro será larga, cuidemos a las víctimas. Protejamos sus derechos laborales pero sobre todo humanos.

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