Área de Derecho Laboral de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados
El trabajo a través de plataformas digitales ha situado en el centro del debate jurídico y social una cuestión fundamental: dónde termina la autonomía del trabajador y dónde comienza la dependencia propia de una relación laboral. Una frontera que no solo determina derechos y obligaciones, sino que afecta directamente a la protección social de miles de repartidores y al modelo económico de las empresas que operan en este sector.
La denominada Ley Rider, incorporada al Estatuto de los Trabajadores mediante la Ley 12/2021, estableció una presunción de laboralidad para quienes prestan servicios de reparto a través de plataformas digitales bajo determinadas condiciones de organización y control empresarial. La norma respondía a una realidad de precariedad laboral y utilización de trabajadores formalmente autónomos que, en la práctica, podían encontrarse sometidos a una auténtica dependencia empresarial.
Sin embargo, ¿puede una plataforma modificar su organización hasta el punto de que sus repartidores recuperen una autonomía real y suficiente para excluir la relación laboral?
Esta es la cuestión que acaba de abordar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en una sentencia que introduce un nuevo elemento de discusión jurídica.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso interpuesto por Glovo contra determinadas resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social relativas a las altas y bajas de sus repartidores.
El Tribunal considera que la compañía ha conseguido desvirtuar la presunción de laboralidad mediante la acreditación de las características de su denominado modelo «Flex».
Entre los elementos determinantes destaca la libertad para aceptar o rechazar pedidos sin penalización, la posibilidad de conectarse y desconectarse libremente, la ausencia de exclusividad, la facultad de designar sustitutos y la inexistencia de mecanismos de valoración que condicionen la asignación de servicios.
La resolución no desconoce la doctrina del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, que reconoció la laboralidad de los repartidores de Glovo. Su razonamiento es distinto: las modificaciones acreditadas en el funcionamiento de la plataforma permiten alcanzar una conclusión diferente respecto del modelo examinado.
La sentencia, que todavía no es firme y puede ser recurrida en casación, no supone una derogación judicial de la Ley Rider ni una declaración general de autonomía de los repartidores.
Su importancia reside en recordar que la calificación jurídica de una relación profesional depende de las condiciones reales en las que se presta el servicio y de la prueba practicada, no exclusivamente de la denominación contractual ni del modelo empresarial anunciado.
La cuestión decisiva sigue siendo la misma: no basta con proclamar la autonomía del trabajador; es necesario demostrar que verdaderamente existe.
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