Área de Derecho de la Música de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados
Cuando una banda se rompe, sus integrantes suelen discutir quién puede conservar el nombre, seguir actuando y percibir los ingresos del proyecto. Pero antes de responder hay que resolver una cuestión decisiva: ¿un músico se marchó voluntariamente, fue excluido por los demás o el grupo se disolvió por un desacuerdo insalvable? No son situaciones equivalentes.
Aunque nunca se haya firmado un contrato, una banda que aporta trabajo y medios para desarrollar una actividad común y repartirse las ganancias puede constituir una sociedad civil, conforme al artículo 1665 del Código Civil. La existencia de esa sociedad debe probarse a partir de su funcionamiento real: contratos, facturas, cuentas compartidas, reparto de cachés y decisiones adoptadas por sus miembros.
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1993, relativa a Radio Futura, confirmó una indemnización a favor de un músico excluido injustificadamente. El Tribunal rechazó que existiera una costumbre que autorizara a prescindir de él sin compensación. También precisó que continuar cobrando derechos de autor no elimina el perjuicio causado por perder la participación en el proyecto.
La conclusión cambia si lo probado no es una expulsión, sino la ruptura del grupo. En su auto de 19 de enero de 2022, el Supremo inadmitió un recurso que pretendía aplicar el precedente de Radio Futura a una situación que la Audiencia había calificado como desintegración de hecho. En ese escenario, la cuestión principal pasa por ordenar y liquidar las relaciones económicas existentes. La indemnización no nace automáticamente del mero desacuerdo: exige una actuación jurídicamente reprochable y un daño acreditado.
También el nombre del grupo puede ser objeto de conflicto independiente. En el caso de La Unión, la Audiencia Provincial de Madrid reconoció en octubre de 2024 a uno de sus músicos el derecho a reivindicar la mitad indivisa de la marca registrada por otro integrante. Seguir sobre los escenarios no equivale, por sí solo, a ser dueño exclusivo del nombre.
La solución práctica consiste en separar cuatro cuestiones: la condición de socio, las causas y efectos de la salida, la titularidad de la marca y los derechos sobre canciones y grabaciones. Para reclamarlas habrá que acreditar los pactos, las aportaciones, la conducta de las partes y, en su caso, el daño económico.
Un acuerdo de banda firmado al inicio debe prever cómo se adoptan las decisiones, cuándo cabe la expulsión, cómo se valora la participación de quien sale, quién podrá usar el nombre y cómo se explotará el catálogo. Si el conflicto ya existe, conviene priorizar una negociación documentada que permita cerrar cuentas y evitar que una ruptura musical se convierta en un pleito de años.
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