Área de Derecho Civil y Financiero de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados
El acceso al crédito ya no se decide únicamente en una oficina bancaria ni mediante una valoración personal del cliente. Cada vez con más frecuencia, la respuesta llega en segundos a través de sistemas automatizados que analizan datos, patrones y perfiles de riesgo. A esto se le denomina scoring crediticio, término que, traducido a nuestro lenguaje cervantino, podría entenderse como “sistema de puntuación o evaluación automatizada de solvencia”.
Scoring crediticio: cuando la inteligencia artificial necesita reglas humanas.
El problema no está en la digitalización del sistema financiero, sino en que una decisión con efectos económicos relevantes pueda adoptarse sin explicación suficiente, sin intervención humana real y sin que el consumidor conozca qué datos o criterios han determinado la negativa. La tecnología agiliza procesos, pero no puede convertir los derechos del ciudadano en una cuestión inaccesible.
La normativa europea ya apunta en esa dirección. El RGPD reconoce garantías frente a decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados, especialmente cuando producen efectos significativos. Entre ellas, el derecho a obtener información sobre la lógica aplicada, a expresar el propio punto de vista y a solicitar intervención humana. A ello se suma el AI Act, que refuerza la exigencia de transparencia, supervisión y control de riesgos en sistemas de inteligencia artificial utilizados para evaluar la solvencia o el acceso a servicios esenciales.
La cuestión de fondo es clara: el consumidor no puede quedar atrapado frente a una decisión que no entiende, no puede revisar y no sabe cómo impugnar. Errores en ficheros de morosidad, datos desactualizados, criterios internos opacos o variables indirectas pueden condicionar injustamente el acceso a financiación.
El algoritmo no puede ser una caja negra. La innovación financiera es necesaria, pero debe operar con reglas claras. Un algoritmo puede ayudar a decidir, pero no debe sustituir las garantías jurídicas. Porque cuando una máquina condiciona la vida económica de una persona, la transparencia deja de ser una opción tecnológica y se convierte en una exigencia de justicia.
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