CORTAR LA LUZ PARA RECUPERAR UNA VIVIENDA: ¿ES DELITO?

cortar luz recuperar vivienda delito

Área de Derecho Penal de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados

¿Puede el propietario de una vivienda cortar el suministro eléctrico cuando quien la ocupa se niega a abandonarla? La respuesta no es tan sencilla como pudiera parecer, porque el derecho de propiedad no legitima cualquier actuación y, al mismo tiempo, tampoco obliga necesariamente a financiar los suministros de quienes ocupan un inmueble sin autorización.

El problema surge cuando, ante la dificultad de recuperar una vivienda, el propietario decide actuar por su cuenta. Cambiar cerraduras, impedir el acceso o interrumpir los suministros son decisiones que pueden tener consecuencias penales, aunque quien las adopta sea el legítimo dueño del inmueble.

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo?

La Sentencia 426/2026, de 24 de junio, del Pleno de la Sala de lo Penal, ha abordado esta cuestión a propósito de un divorcio.

Un hombre canceló sin previo aviso el suministro eléctrico de la vivienda familiar donde permanecía su esposa, con la finalidad de obligarla a abandonarla. La mujer estuvo varios días sin electricidad.

El Tribunal Supremo confirmó la condena por un delito de coacciones, considerando que la interrupción deliberada del suministro constituía una forma de presión ilegítima sobre quien tenía derecho a permanecer en la vivienda.

Sin embargo, la sentencia introduce una distinción importante.

No es lo mismo un ocupante con título que quien ha usurpado una vivienda.

Cuando existe un contrato de arrendamiento, una atribución del uso familiar o un derecho posesorio discutido, cortar deliberadamente un suministro esencial para forzar el abandono puede constituir un delito de coacciones.

Por el contrario, cuando una persona ocupa un inmueble sin derecho ni título alguno, el Tribunal Supremo contempla que el propietario pueda dejar de mantener o pagar determinados suministros sin incurrir necesariamente en responsabilidad penal.

Esta última consideración, aunque relevante, no fue el supuesto directamente juzgado y no constituye una autorización general para actuar por la fuerza.

¿Qué debe hacer el propietario?

Lo primero es determinar la situación jurídica del ocupante. No es igual una ocupación ilegal que un arrendamiento extinguido o una controversia familiar. También debe distinguirse entre cancelar legítimamente un contrato y manipular instalaciones, causar daños o utilizar amenazas para conseguir un desalojo.

La recuperación de la vivienda dispone de cauces judiciales civiles y, cuando concurren sus requisitos, penales. Acudir a ellos permite proteger el derecho del propietario sin asumir riesgos innecesarios.

La conclusión es clara: el propietario no está obligado, por el mero hecho de serlo, a soportar indefinidamente los costes de una ocupación ilegítima, pero tampoco puede convertir su derecho de propiedad en una facultad de coacción.

La propiedad merece protección. La libertad personal, también. Y ambas deben encontrar su respuesta dentro de los límites del Derecho.

 

Consulta Online