El despacho de José Domingo Monforte recurre la ley que ha apagado RTVV.

Eco3. Junio 2014.

P.-Si observamos el contexto económico un titular continúa destacando por encima de todo: “crisis”. ¿Está afectando esta situación de inestabilidad económica a la justicia? ¿De qué manera? 

R.-La justicia, en este país, siempre ha estado en crisis. Su ineficiencia y una excesiva y generada dilación de los procesos constituyen un mal endémico, lamentablemente asumido, sin protesta, dentro del sistema.

P.-Se dice que cuando la crisis aprieta…más vale tener cerca un abogado.  ¿Se ha incrementado en estos últimos años el volumen de trabajo del despacho? La crisis ¿ha cambiado el perfil del cliente y los servicios que demanda?

 R.-El abogado es el garante y protector del interés de su cliente en conflicto. Gracias a nosotros, los abogados, se han corregido abusos financieros, cláusulas abusivas, productos tóxicos, restricciones y limitaciones en los créditos litigiosos…

Constituye en este momento un foco de conflicto las cesiones operadas a fondos ventajistas por la agresividad con la que estos se muestran y accionan, buscando las plusvalías en los créditos adquiridos a costa del deudor, al que no se le ha dado oportunidad de zanjar su deuda con la quita dada al Fondo ventajista. Deberían hacerse públicos los valores de transferencia de los activos crediticios, que es el secreto mejor guardado que ampara estas prácticas.

P.-Desde diferentes ámbitos políticos y económicos se asegura que la economía española ha tocado suelo y comienza la recuperación…En su despacho tratan a diario con empresarios de diferentes sectores ¿detectan ese cambio de rumbo? 

 R.-Por lo general, el empresario valenciano  es inconformista y va con su carácter no asumir las situaciones como irremediables e irreversibles. Al contrario, se muestra vivo e inquieto, relativiza el problema y en estos momentos comienza a concebir e impulsar sus proyectos, limitándolos a su autofinanciación o la búsqueda de vías alternativas a las tradicionales que ofrecían las entidades de crédito que siguen ausentes en la concesión del crédito. El riesgo responsable forma parte de la actividad financiera. Pretender eliminarlo, a mi juicio, les hace prescindibles.

P.-¿Está de acuerdo en la necesidad de una regulación que sancione las conductas injuriosas, ofensivas y apologistas a través de las redes sociales?

R.-El límite a la libertad de expresión es el respeto debido a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al honor, la dignidad y la propia imagen. Hay en este sentido un cuerpo Jurisprudencial y una doctrina que reconociendo el derecho a expresar libremente las opiniones, ideas y pensamientos, también mantiene de forma inequívoca que la Constitución no reconoce en modo alguno un pretendido derecho al insulto. El sistema legal es suficiente la para la represión de dichas conductas cuando acceden al derecho a la crítica y son claramente vejatorias.

La invasiva intervención legislativa, a mi juicio, no es la solución, contrariamente creo que debe haber una mayor concienciación hacia el respeto, y que los comentarios y comunicaciones por estos medios sociales no son impunes y pueden, y como de hecho sucede, ser  castigados y reprendidos con  el adecuado manejo de la legislación actual.

P.-La crisis ha golpeado especialmente a la Comunidad Valenciana… ¿Qué hemos perdido en este difícil camino? ¿Qué necesita nuestra comunidad para recuperar el lugar que le corresponde entre las más competitivas? 

R.-A nuestra Comunidad se la exhibe y muestra de forma permanente como zona económica quebrada, y esto no se debe ni asumir ni consentir. Tenemos muchísimo más potencial de riqueza y capital humano empresarial que ninguna otra y es una obligación de quienes nos representan luchar por combatir la imagen que justifica decisiones intervencionistas, mejorar nuestro proceso económico tomando decisiones que impulsen proyectos empresariales, dar un impulso con medidas inversas a las actuales meramente recaudatorias propias de estados feudales.

P.-Y una de las grandes víctimas de la crisis ha sido la Radio Televisión Pública Valenciana…. ¿Piensa que detrás del cierre hay sólo razones económicas? 

R.-Es un hecho objetivo que se ha decidido a golpe de ocurrencia y con formas propias de estados absolutistas. No me dan la razón en proceso judicial, reacción: cierro, sin más.

Lo que se agrava si se repara en que quienes políticamente han decidido, previamente habían defendido un proyecto que era viable con costes más razonables y equilibrados.

P.-Su despacho ha llevado hasta el Tribunal Constitucional la ley que apagó la televisión y silenció la radio pública valenciana…. ¿Con qué argumentos jurídicos? ¿Considera que el apagón vulnera derechos fundamentales? 

R.-Si. Nuestro recurso, que es un trabajo multidisciplinar de mi despacho, se  fundamenta precisamente en la discriminación que han sufrido los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana por el trato recibido en agravio a lo debería recibir cualquier otro trabajador de una empresa pública o privada.

Sostenemos que las Cortes no pueden hacer una simple y abstracta referencia a causas económicas, sin ningún tipo de motivación y suprimir un servicio público. Nuestro Estatut de Autonomía les otorgó facultades para crear, regular y mantener dicho servicio público en consecución de los fines culturales, sociales y de potenciación de nuestra lengua. Lejos de ello, lo han suprimido, sin reparar que con la supresión del servicio también se suprimían los fines para los que fue creada.

P.-Los medios de comunicación se han hecho eco de la espera de hasta más de un año en los Juzgados de familia de Valencia para decidir en temas de custodia, ¿Qué opinión le merece esta situación?

R.-Es inadmisible que los Juzgados de Familia de Valencia, precisamente por tener el privilegio de contar con un equipo psicosocial, tengan que someter a la espera de más de un año la decisión de los conflictos de custodia, que es el tiempo que se dilata por el gabinete el informe de auxilio al Juez.  Además estos informes no se someten a contradicción. Se les sitúa por encima de las pruebas periciales psicológicas que los juzgados de familia de Valencia devalúan, cuando no desoyen. De esta manera, se someten a los padres, en situación de conflicto, a una espera nada beneficiosa en sus relaciones.

P.-¿La mediación familiar puede ser la solución a estos temas?

R.-La conciliación de intereses siempre es la mejor solución a los conflictos de familia. Los letrados, generalmente,  dirigen su actuación a lograr dicha conciliación y sólo cuando esta no es posible reclaman el auxilio judicial. Una práctica actual de los Juzgados de familia es direccionar a los progenitores en conflicto a una impuesta mediación por terceros, pese a que se manifieste agotada por los letrados.   

En este momento, no tenemos la certeza si la mediación se busca para evitar el enjuiciamiento y aliviar el sobrepeso o carga de juicios, o si verdaderamente se cree en esta vía como solución alternativa a la judicial. En los últimos tiempos la justicia tiene un gran protagonismo en la vida política y, por ende, en los medios de comunicación.

P.-¿Considera que se está politizando la justicia? ¿Afecta esa situación a su independencia?

R.-Existe un excesivo y a mi juicio indeseable protagonismo de la justicia en nuestra sociedad,  dando la impresión de una corrupción generalizada, de un desfalco fiscal permanente, y de una deshonesta y desleal actuación de los dirigentes financieros y, francamente, es difícil no pensar así.

La respuesta judicial se espera sea rápida y ejemplarizante, sin embargo los procesos se eternizan sin ninguna responsabilidad para la Administración de Justicia, y el castigo pierde y diluye su finalidad rehabilitadora, no siendo a mi juicio, la solución la prisión preventiva.

La purga por vía de la represión judicial no puede ser el remedio social. Sí, por el contrario, la conciencia y el rechazo a determinadas prácticas sobre las que ha existido cierta relajación moral en lugar de un enérgico rechazo.