El enfado en el Tribunal Supremo con el Ministerio del Interior es monumental. Nunca antes había hecho pública una nota tan dura contra otra institución. Y menos contra el Ejecutivo. La Sala del Gobierno del alto tribunal, en nombre de todos los magistrados que lo componen, acusó ayer al departamento que dirige Jorge Fernández Díez de «despreciar» a ese órgano por ordenar la retirada de un día para otro los escoltas y los coches a los cerca de ochenta jueces que trabajan en esa sede. La nota, fruto de un «acuerdo» oficial de la sala, denuncia asimismo el agravio comparativo con otras cortes, en los que la reducción de la protección ha sido menor.
Cuando todavía no se han apagado los rescoldos de la polémica en la Audiencia Nacional la pasada semana por la reducción de 250 a 50 en el número de escoltas, el Supremo señaló que en su caso el recorte se hizo en menos de 48 horas después de ser comunicada la medida. De los más de ocho decenas de magistrados, sólo el presidente, Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, conservan su protección.
Parque móvil
El Supremo dijo «confiar» en que, a pesar de esta «reorganización de los servicios de seguridad», el «Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso». Pero se mostró muy beligerante con la retirada de todo el parque móvil. Aunque aseguró «entender» que «los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado», los magistrados creen que «no pueden aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente al tribunal». Es más, reprochan a Fernández Díaz su «desprecio» a la «relevancia institucional» del Supremo «en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia».
Tras estas palabras se esconde una velada referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde sus veinte vocales, aunque han perdido la escolta, todavía mantienen los coches oficiales. Y sobre todo, a la Audiencia Nacional. En el tribunal de la calle Génova, no obstante la tormenta de reproches desatada, aún hay medio centenar de policías en labores de protección.
Fuente: El Correo
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