Expansión. 28-4-16. El Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española pretenden mejorar con esta obra la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Real Academia Española (RAE) han presentado el Diccionario del español jurídico, fruto del convenio de colaboración suscrito el 26 de noviembre de 2014 por ambas instituciones con el objetivo de ayudar a la mejora de la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales.
Se trata del primer diccionario jurídico en el que se han aplicado los criterios lexicográficos modernos: definiciones breves que ofrecen la mayor información posible con el menor número de palabras y fragmentos de textos históricos o actuales, referencias a la legislación, párrafos de sentencias y exposiciones doctrinales que orientan sobre el uso correcto de cada vocablo, siguiendo el método empleado por primera vez en el Diccionario de autoridades que vio la luz en el siglo XVIII.
El equipo de redacción ha estado constituido por casi 150 juristas y un grupo de lexicógrafos, que, bajo la dirección del académico de número, secretario de la RAE y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado, han alumbrado una obra que pretende reunir un lemario lo más exhaustivo posible y que cuenta con cerca de 1.700 páginas y 30.000 entradas.
En el acto de presentación, celebrado en la sede de la RAE, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha indicado que la obra «aspira decisivamente a fortalecer el uso preciso del lenguaje, enfocando los conceptos jurídicos bajo el prisma de la sencillez descriptiva, como garantía de la más adecuada comprensión de los derechos», y ha destacado que «el lenguaje es una expresión de la libertad. Sin la comprensión adecuada, la proclamación de los derechos humanos, en su congénita acepción de naturales, inalienables e imprescriptibles, de nada hubiera servido».
«El léxico jurídico debe ser lo suficientemente inteligible para permitir que el ciudadano comprenda las razones por las que ha sido excluido de un concurso u oposición, los conceptos de su declaración de la Renta o lo que significan las cláusulas de su contrato de alquiler o hipoteca», ha añadido Lesmes, quien insistió en que «la definición objetiva genera seguridad jurídica, previsibilidad y comprensión».
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