La anulación de la Ley Matrimonial no cambiará el régimen de bienes de los casados en los últimos 8 años

Levante. 5-5-16. La sentencia del Constitucional, que tumba la norma foral que prima la separación de bienes, no se aplicará de forma retroactiva – Al entrar en vigor, las nuevas uniones tendrán por defecto gananciales.

La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la ley de régimen económico matrimonial que prima la separación de bienes y que entró en vigor en 2008 no tendrá efectos retroactivos, de tal manera que las uniones formalizadas en los últimos ocho años seguirán con el mismo reparto de bienes que pactaron al casarse. Dicho de otro modo, si no hicieron trámite alguno cuando contrajeron matrimonio, estarán y seguirán estando en situación de separación de bienes. Si fueron ante notario para acordar el régimen de gananciales, lo conservarán cuando el fallo entre en vigor.

El pronunciamiento del Constitucional sobre la ley matrimonial valenciana, la primera aprobada por el Consell del PP para desarrollar el derecho foral valenciano, ha generado revuelo en círculos jurídicos por sus posibles consecuencias para los matrimonios valencianos casados a partir de julio de 2008. En algunos círculos jurídicos se había señalado que una vez la sentencia se haga pública y entre en vigor (se espera que como muy tarde la semana que viene) aquellas parejas que quisieran continuar en separación de bienes deberían ir al notario, un trámite por el que hay que pagar. Sin embargo, según ha sabido este diario, la sentencia recoge expresamente que se respetaran las situaciones jurídicas existentes.

Eso sí, a partir de que el fallo entre en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aquellos valencianos que contraigan matrimonio deberán ir a notario si quieren pactar la separación de bienes. En caso de que elijan el régimen de gananciales, no tendrán que hacer ningún papeleo. Se les aplicará este régimen por defecto como ocurre en el resto de España, a excepción de otras comunidades con régimen foral como Cataluña donde si funciona la separación de bienes por defecto.

 El fallo, que se conocerá en breve, tiene una importante repercusión política porque en la práctica impide a la Generalitat ejercer su competencia para desarrollar un derecho civil propio, un asunto del que hizo bandera en su día el Consell popular y que supone un varapalo para el autogobierno al que también aspira la izquierda. El Constitucional sólo reconoce la competencia para desarrollar el derecho civil existente antes de la entrada en vigor de la Constitución cuya existencia pudiera acreditar con reglas consuetudinarias, es decir, legislar sobre costumbres que se demuestre que existían, como los arrendamientos históricos, la venta a l’ull o los contratos agrarios . Como ya llevan apuntado hace muchos años numerosos juristas, no hay base para regulaciones modernas como el régimen económico matrimonial. Un varapalo jurídico-político en toda regla, que, además, tendrá en un futuro no muy lejano una segunda y tercera parte.

Prácticamente a la desesperada, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, envió una carga al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para intentar que retire los recursos pendientes de deliberación. El pasado martes en Valencia el ministro de Justicia dejó claro la vía política está cerrada.

El fallo sienta doctrina para la norma que prima la custodia compartida
Fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que esta sentencia sienta doctrina para el resto de leyes forales, como es el caso de la controvertida ley que prioriza la custodia compartida en caso de desacuerdo entre los cónyuges que se separan y la ley de parejas de hecho. Ambas leyes fueron también recurridas ante el TC por el Gobierno, por lo que el alto tribunal aplicará los mismos fundamentos jurídicos. Es decir, serán declaradas inconstitucionales. Como en el caso de la ley de régimen matrimonial no habrá efectos retroactivos, es decir, no variará la situación de custodia. Ahora bien, los operadores jurídicos auguran una avalancha de recursos. Esta norma está estos días en el centro de la polémica porque el PSPV anunció una ley para derogarla al considerarla lesiva para las mujeres, en especial, las víctimas de violencia de género.

 

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