Socio Profesional Domingo Monforte Abogados Asociados

“Publicado en Diario La Ley el 10 de abril de 2018″.

Pilar de la Fuente Rubio, Abogada especializada en Derecho de Familia y Sucesiones.

Es, por lo general, común que en los convenios reguladores de familia se establezcan  acuerdos patrimoniales de uso sobre los bienes gananciales o de masa común. A nivel procesal, la ejecución de dichos pactos está planteando una problemática que deriva de la competencia de los jueces de familia para la ejecución de dichos acuerdos por considerarlos extra familiares. La situación la encontramos en los supuestos en que los jueces acceden a denegar la ejecución de sentencias que, habiendo aprobado un convenio regulador que establece el uso de la vivienda con carácter temporal en favor de una de las partes, expirado el plazo debe instarse la ejecución al negarse a abandonar el inmueble el que a ello se comprometió, alegando como motivo de oposición su derecho a la propiedad sobre el inmueble (artículos 348 y siguientes del Código Civil) y la falta de establecimiento en el convenio del modo concreto en que la desocupación deba llevarse a efecto en caso de incumplimiento, lo que de aceptarse por el Juez de Familia, bloquearía el lanzamiento ejecutivo.

Cuando así se actúa, y con cierta ligereza procesal, se accede al bloqueo de la vivienda, situación que no es infrecuente, se beneficia a una de las partes en perjuicio de la otra que mantuvo la esperanza de igualar su condición posesoria-resolutoria patrimonial, decisión denegatorias que se enfrentan al criterio unánime de nuestro Tribunal Supremo, que en sentencias como la nº 775/2.006, de 11 de julio (RJ Aranzadi 2006/4975) establece la eficacia vinculante del convenio regulador, que parte de la naturaleza del convenio, que en palabras del Alto Tribunal”… presenta carácter de negocio de Derecho de Familia capaz de generar ciertos efectos aunque no haya sido objeto finalmente de aprobación judicial (SS de 22 de abril de 1997 (RJ 1997/3251), 19 de diciembre de 1997 (RJ 1997/9110) y 21 de diciembre de 1998 (RJ 1998/9649)] entre otras”. Siendo esto es así, los convenios reguladores o pactos entre las partes, ratificados en presencia judicial y aprobados por sentencia, gozan de fuerza y eficacia por sí mismos, de manera que son de obligado cumplimiento para quienes los hubieran otorgado, y despliegan todos sus efectos, sin que puedan desentenderse de las obligaciones que en el convenio asumieron, amparándose en motivos de oposición extraños al pacto previamente consensuado y tendentes a evitar la ejecución forzosa del mismo.

A nuestro juicio, el criterio que debe prevalecer es el que se sigue por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia que, en Autos como el de 13 de septiembre de 2010, mantiene un posicionamiento claro pro acción en fase de ejecución: “Segundo.- … En efecto, el título ejecutivo lo constituye la sentencia de divorcio de fecha 19 de diciembre de 2006; en ella se acordaba la atribución del uso de la vivienda familiar hasta el transcurso de cuatro meses. Ante el incumplimiento voluntario de su obligación de abandonar la vivienda, nuestro derecho no conoce otra forma de imponerlo que la ejecución forzosa de dicho pronunciamiento, y esa ejecución forzosa conlleva conforme a la naturaleza y contenido de la obligación que se pretende ejecutar el apercibimiento de lanzamiento y el lanzamiento efectivo de no verificarse en el plazo concedido. El segundo de los argumentos impugnatorios lo es el derecho de propiedad en cuanto conlleva de conformidad con el art. 348 del C. Civil el derecho de usar y disfrutar la vivienda en cuestión. Y evidentemente no puede negarse el que ambos, recurrente y recurrido, como propietarios de la vivienda, tienen derecho a usar de la misma, pero ello lo será de la forma consensuada que establezcan. La sentencia matrimonial se ha limitado a ordenar un periodo de uso de la vivienda -cuatro meses- que se extingue con la presente ejecución. Transcurrida ésta tanta legitimidad tiene uno u otro para usar de la misma, pero su uso no se encontrará amparado por la resolución judicial que ahora se ejecuta sino por las normas de derecho privado que regulen su concreta forma de propiedad.

En consecuencia, procede mantener la resolución recurrida en cuanto ejecuta en sus propios términos la sentencia que constituye el título habilitante y ello por cuanto el art. 18.2 de la L.O.P.J. y la interpretación integradora del art. 24 de la Constitución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada de lo previsto en el fallo a ejecutar, dada la indefensión que puede ocasionar a la parte ejecutada. En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 19 de noviembre de 1992 establece que “la ejecutoriedad de las sentencias en sus propios términos, no sólo forma parte integrante del derecho a la tutela efectiva que el art. 24.1 de la Constitución reconoce, sino que también es principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico, el que la ejecución ha de cumplir con el principio de identidad total entre lo establecido en el fallo con lo que ha de realizarse.”

En el mismo sentido se pronuncia la misma Sala en el Auto de 19 de julio de 2017. Y este criterio es seguido también por otras Audiencias, como la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de La Coruña en el Auto de 27 de septiembre de 2017, que llegan a la misma conclusión.

La cuestión es, por tanto, estrictamente jurídica: es clara la procedencia en ejecución de la Sentencia en procesos de familia de una obligación patrimonial y debe partirse de las siguientes premisas:

  • Las sentencias y demás resoluciones judiciales han de ser ejecutadas en sus propios términos. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 2002 “La ejecución de las sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna (sentencias del Tribunal Constitucional 167/1987 y 92/1988), cuestión de esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado social y democrático de Derecho que implica, entre otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la Jurisdicción, no sólo juzgando, sino también ejecutando lo juzgado, según se desprende del artículo 117-3 de la Constitución Española). Así se establece en el artículo 18 de la LOPJ y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en numerosas resoluciones, como la de 19 de noviembre de 1992 que dice “la ejecutoriedad de las sentencias en sus propios términos, no sólo forma parte integrante del derecho a la tutela efectiva que el art. 24.1 de la Constitución reconoce, sino que también es principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico, el que la ejecución ha de cumplir con el principio de identidad total entre lo establecido en el fallo con lo que ha de realizarse.”

 

  • Los pactos alcanzados por las partes en los procesos de familia son plasmados en instrumento jurídico idóneo, el convenio regulador, para obtener una efectividad y seguridad jurídica a la que acudir en caso de incumplimiento por alguno de los otorgantes de las obligaciones allí preestablecidas. Siendo el convenio regulador el medio idóneo como medio del negocio jurídico en Derecho de Familia.

 

  • El derecho a la ejecución de las sentencias obliga a los órganos judiciales a tomar todas las medidas necesarias para que el derecho se lleve a efecto, debiendo estos articular los medios necesarios para poner fin a los comportamientos impeditivos, fraudulentos o dilatorios. De este modo, llegado el momento de abandonar la vivienda, si el inicial adjudicatario que por el transcurso temporal pactado perdió su condición no lo hace de forma voluntaria, deberá hacerlo en ejecución forzosa, siendo el apercibimiento de lanzamiento y el lanzamiento efectivo la medida idónea existente en derecho, aun a pesar de que no se haga constar en el convenio.

 

  • El objeto de los procesos de ejecución es la realización forzosa de lo resuelto en sentencia (SSTS 18 de diciembre de 1962, 24 de mayo de 1967, 10 de enero de 1968, 21 de octubre de 1969 entre otras) por lo que no procede en el trámite de la ejecución efectuar ninguna rectificación de los pactos alcanzados por las partes en el convenio regulador resolviendo de forma distinta a lo allí acordado (la salida del domicilio transcurrido el tiempo por el que se otorgó el uso) como si de un procedimiento declarativo se tratara.

 

  • El por lo general aludido derecho de propiedad de las partes ya existía al momento de la firma del Convenio regulador, y allí los firmantes, en su condición de propietarios del inmueble, acordaron el uso temporal del mismo.

 

Ello me lleva a la conclusión de la plena legitimidad de los otorgantes intervienes en el convenio para exigir su cumplimiento e instar la ejecución de la Sentencia, debiendo despacharse ejecución en cumplimiento de lo convenido. No acceder a ello y proceder de forma distinta para evitar incómodas ejecuciones, sería privar de eficacia al contenido de los pactos consensuados en un convenio  regulador como instrumento  y negocio jurídico idóneo en Derecho de Familia, dando satisfacción procesal y beneficio a quien pretende burlar los acuerdos en su día alcanzados a costa de quien en su buena fe confió en su validez y eficacia.